Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado este año con el nombre “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan día a día los derechos de las comunidades originarias.
Estas actividades, que vieron en los últimos años un gran aumento y expansión en el continente (especialmente en América Latina y el Caribe), se realizan, en muchos casos, en zonas donde viven desde hace mucho tiempo pueblos originarios locales y comunidades afrodescendientes; y son sitios que, por lo general, se caracterizan por ser muy ricos en recursos naturales.
Aunque una suba del precio de las materias primas y de la demanda internacional podría explicar el aumento de estas actividades, el informe también revela otra con un mayor peso y que, sin embargo, se prefiere callar. Nos referimos a la alianza de quienes ocupan los cuadros políticos de la región con las empresas y negociados para permitir que estos acuerdos violen algunas de las leyes que protegen a las comunidades, su tierra, su cultura y su salud.
El informe, realizado además junto con la ONG Iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), destaca el avance de las extracciones mineras y petroleras, así como la expansión de los monocultivos de exportación, como la soja, palma aceitera y caña de azúcar; y señala:
“La Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es reiterada y consistente la información recibida sobre impactos negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas actividades”.
Megaminería
El informe también se refiere al daño que produce la megaminería en los ecosistemas:
“Este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala”, revela.
En estas actividades se produce contaminación por mercurio o cianuro; y además se carece de planes de cierre y remediación ambiental.
Al respecto, el informe denuncia que el modelo actual favorece la pérdida de biodiversidad, exige el uso de agrotóxicos que afectan la salud de la población, hace avanzar la frontera agrícola sobre áreas naturales y el ambiente, y pone en jaque la seguridad alimentaria.
También, cuestiona que se autoricen las semillas transgénicas porque “desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas territorios indígenas y tribales, y sus recursos naturales”; un aspecto que en Argentina se encuentra en pleno debate.
Represas
El informe también cuestiona las represas por interrumpir el cauce natural de los cursos de agua y afectar las formas de vida de las comunidades originarias. A su vez, destaca que éstas inciden en el incremento de enfermedades como el dengue.
Acceso al agua También, la CIDH señala que las principales afectaciones al acceso al agua en la región derivan de los efectos negativos de estos proyectos extractivos y del uso de agroquímicos, así como también por la contaminación de las fuentes de agua, la pobreza y el corte de suministro; lo cual afecta la salud de los pueblos, especialmente de aquellos más vulnerables.
Hidrocarburos
Al respecto de la explotación de hidrocarburos, el informe señala que se han producido “derrames en la selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”. Por eso, menciona que esta explotación incide negativamente sobre el ambiente, generando subproductos y desechos tóxicos; y que, a su vez, implica realizar detonaciones sísmicas y deforestar terrenos.
De esta manera, el informa concluye que estas actividades generan: “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos (forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”; poniendo en primer plano una realidad silenciada de muchas comunidades originarias que ven día a día cómo se vende y destruye la tierra en la que han vivido ellos y quienes los precedieron.
Este es un llamamiento a los gobiernos de la región a que se encarguen correctamente de otorgar persmisos, consultas públicas, fiscalizaciones y estudios de impacto sobre estas actividades que, si bien pueden generar gran cantidad de dinero, también ponen en riesgo la salud y la vida de las personas.
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