Un informe reveló que la megaminería, el agronegocio y las represas violan los derechos de los pueblos originarios
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado este año con el nombre “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan día a día los derechos de las comunidades originarias.
Estas actividades, que vieron en los últimos años un gran aumento y expansión en el continente (especialmente en América Latina y el Caribe), se realizan, en muchos casos, en zonas donde viven desde hace mucho tiempo pueblos originarios locales y comunidades afrodescendientes; y son sitios que, por lo general, se caracterizan por ser muy ricos en recursos naturales.
Aunque una suba del precio de las materias primas y de la demanda internacional podría explicar el aumento de estas actividades, el informe también revela otra con un mayor peso y que, sin embargo, se prefiere callar. Nos referimos a la alianza de quienes ocupan los cuadros políticos de la región con las empresas y negociados para permitir que estos acuerdos violen algunas de las leyes que protegen a las comunidades, su tierra, su cultura y su salud.
Estas actividades, que vieron en los últimos años un gran aumento y expansión en el continente (especialmente en América Latina y el Caribe), se realizan, en muchos casos, en zonas donde viven desde hace mucho tiempo pueblos originarios locales y comunidades afrodescendientes; y son sitios que, por lo general, se caracterizan por ser muy ricos en recursos naturales.
Aunque una suba del precio de las materias primas y de la demanda internacional podría explicar el aumento de estas actividades, el informe también revela otra con un mayor peso y que, sin embargo, se prefiere callar. Nos referimos a la alianza de quienes ocupan los cuadros políticos de la región con las empresas y negociados para permitir que estos acuerdos violen algunas de las leyes que protegen a las comunidades, su tierra, su cultura y su salud.